Con 31 votos a favor, el Pleno de la LXIII Legislatura Local aprobó de urgente y obvia resolución el Punto de Acuerdo presentado por el presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos,  Horacio Antonio Mendoza que exhorta al titular del Poder Ejecutivo, y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Alejandro Murat Hinojosa y Nuvia Mayorga Delgado, respectivamente, para que atiendan la recomendación 52/2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH),  sobre el caso de violación a los Derechos Humanos de 559 niñas, niños y adolescentes en casas y comedores indígenas de la entidad. 

El Legislador Perredista, señaló que como resultado de las investigaciones efectuadas por la CNDH, se documentaron abuso físico y mental, descuidos, tratos negligentes, incluso violencia sexual, además de deplorables condiciones en los inmuebles, de las casas y comedores ubicados en Santiago Atitlán Mixe, Tamazulapam del Espíritu Santo, Ixtlán de Juárez y San Miguel Chicahua.

En este sentido, manifestó que “se tiene que garantizar el derecho a la integridad personal, desarrollo integral, a un nivel de vida adecuado y al interés superior de la niñez en las casas y comedores del Programa de Apoyo a la Educación Indígena en el Estado, pero también se deben tomar las medidas necesarias para evitar en lo futuro, la afectación a sus derechos fundamentales, las autoridades correspondientes tienen que actuar a la brevedad, hay violaciones graves que ya fueron documentadas”.

Asimismo, acusó que en las condiciones que viven, “los menores no solo no cuentan con instalaciones, equipamiento y mobiliario adecuados, también se detectaron condiciones de hacinamiento, falta de higiene, atención médica y de suministro de medicamentos, así como condiciones deficientes de alimentación; lo que por supuesto constituye una flagrante violación a sus Derechos Humanos”. 

Al respecto, añadió que derivado del análisis de las constancias que obran en el expediente CNDH/2/2012/8451/Q, iniciado por una queja formulada por la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la LXI Legislatura el 25 de septiembre de 2012, la CNDH emitió la recomendación 52/2017, dirigida al Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, así como a la Directora General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). 

Por último, Antonio Mendoza, manifestó que no es permisible adoptar una actitud impasible ante este tipo de conductas que atentan contra los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes de la Entidad, “como funcionarios públicos, tenemos la obligación legal y el deber moral de emprender las acciones que estén dentro de nuestras atribuciones, para erradicar estas prácticas y castigar a los culpables de cometer tales ilícitos”, enfatizó.