El vicecoordinador parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso Local, Horacio Antonio Mendoza presentó ante la diputación permanente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan fracciones y se reforman diversos artículos de la Ley de Educación para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca que contempla establecer reglas de operación para un programa de entrega de uniformes gratuitos a alumnos de educación básica de escuelas públicas, garantizar el acceso al uso de tecnologías digitales, apoyos económicos asistenciales, desayunos, transportes escolares y becas a niños de bajos recursos; así como crear, mantener y apoyar centros culturales y recreativos en zonas que lo requieran.

El también presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, lamentó que pese a que se encuentra establecido en la Constitución que toda persona tiene derecho a la educación, aún persisten retos importantes para que esto se vea materializado, “un informe de la UNICEF y la UNESCO del año pasado, señala que existen más de 4 millones de niñas, niños y adolescentes mexicanos fuera del proceso educativo parcial o total y 600 mil niños y niñas están en riesgo de abandonar el sistema educativo de forma prematura por factores sociales, económicos, culturales, familiares y escolares”, expuso.

Al respecto, Antonio Mendoza explicó que en comunidades rurales, los costos de traslado, vestimenta, útiles escolares y alimentación, entre otros, rebasan la capacidad económica de los padres para proveerlos, “los centros educativos establecen requerimientos que muchas veces limitan el acceso a ciertos grupos de la población por cuotas escolares, uniformes, materiales, y demás lo cual aumenta la probabilidad de abandonar la escuela, y desafortunadamente Oaxaca es uno de los Estados con mayor rezago  educativos”.

Por último, el Diputado Local del Sol Azteca manifestó que resulta necesario y urgente que se plantee en la propia Ley de Educación del Estado de Oaxaca, la obligatoriedad a cargo del Ejecutivo del Estado, para la creación de programas y políticas públicas que aseguren el pleno cumplimiento de los derechos de educación de niños, niñas y adolescentes, para lograr una educación inclusiva y de calidad, que permita la realización de acciones reales a favor de la escolarización, permanencia en la escuela y de la disminución del rezago educativo.