San Raymundo Jalpan.- Con la reforma y  ampliación a la Ley de Extinción de Dominio, las propiedades obtenidas por funcionarios públicos a través de actos de peculado, enriquecimiento ilícito y cohecho serán adjudicadas al Estado para beneficio público.

Además de lo ya estipulado en el Código Civil, la extinción de dominio  se ejercerá respecto de los bienes que hayan sido adquiridos por funcionarios públicos a través de conductas relacionadas al peculado, cohecho y enriquecimiento ilícito.

La finalidad del dictamen aprobado por el Congreso local es diseñar instrumentos normativos que fortalezcan el combate a la corrupción y devolver los recursos económicos y materiales que haya sido arrebatado a las arcas públicas de Oaxaca.

Con la ampliación a la Ley de extinción de dominio, la LXIII Legislatura otorga a la sociedad oaxaqueña el respaldo jurídico para reclamar los recursos públicos que fueron despojadas y desviados para el correcto cumplimiento de las políticas públicas en beneficio del desarrollo de Oaxaca.